De memoria.

Pensiones en el Limbo…

Carlos Ferreyra Carrasco. 

Como dijo Andrés Manuel López Obrador cuando justificó el linchamiento de agentes federales a manos de una turba enfurecida en Tláhuac: hay que respetar porque son usos y costumbres del pueblo (bueno, le faltó recalcar).

En el caso de las pensiones presidenciales no aplicará ese criterio y amenaza con desaparecerlas aunque el ojo lo tiene puesto en particular en el dinero que recibe Vicente Fox.

Las pensiones presidenciales no aparecen en ningún texto legal ni antiguo ni moderno. Se sabe un decreto, un plumazo, fueron creadas por el presidente Luis Echeverría que aplicó “contrario sensu” el precepto que establece que ninguna ley o disposición podrá tener efecto retroactivo.

Y que no pueden modificarse las leyes en beneficio de quien las promulga. Bueno, Echeverría cuenta con pensión, ayudantes y salarios para la enorme egoteca en la que una veintena de personas documentan su sexenio… el fin de la historia patria, en su opinión.

Se discute si los 205 mil pesos mensuales son justos o deben retirárseles. Mientras un trabajador debe cumplir con 35 o 40 años de servicios, en los que le ha sido evadidos el registro en los institutos de servicios sociales (ISSSTE, IMSS) para recibir una pensión que nunca alcanza los niveles salariales disfrutados, al mandatario le bastan seis años para una prestación por la que, dicho sea de paso, nunca hizo mérito alguno. No es todo: igual están los funcionarios de primer nivel a los que bastan algunos meses para recibir prestaciones multimillonarias.

Un ejemplo a la mano, el presidente del PRI, Ochoa Reza, que por meses de labores al frente de la CFE y a pesar de que renunció al cargo, fue “indemnizado” con millón y medio de pesos. Sin perder la antigüedad con fines de retiro.

Casos más graves que el mencionado se encuentran en las filas de las instituciones financieras nacionales, en la Suprema Corte, en toda la judicatura; hoy, en el INE, los tribunales electorales, los órganos dedicados a la transparencia, los derechos humanos y toda la gama de entes que han venido a ampliar el aparato burocrático sin beneficios tangibles.

La cancelación de las pensiones presidenciales es un paso que debería afectar al resto de sus prestaciones. Ejemplo: además de que las instalaciones del Centro Fox fueron pagadas con dinero del erario, el personal a cargo de la sección hotelera, de las escuelas patito para políticos desorientados y hasta los cursos de yoga y otras doctrinas exóticas, recibe puntualmente su salario con cargo a un rubro secreto.

No es único, lo mismo sucede con Felipe Calderón, que dona su pensión a la obra de caridad que se le ocurre, pero en la enorme residencia que logró ampliando su casa al apropiarse de inmuebles vecinos y ocupar casi toda la cuadra, guardias, choferes, vigilantes, personal de servicio y más, son liquidados puntualmente por la Presidencia de la República. O bueno, por Hacienda.

Veámoslo así: medio centenar de sardos y oficiales para Ernesto Zedillo, que por cierto rechaza la pensión, viviendo en Estados Unidos con gastos y salarios del país del norte, representan una cifra tan alta que nadie acepta fijarla.

Y detrás la advertencia: si me retiran la pensión tendré que dedicarme a robar, dijo Vicente Fox a quien se le olvidó la forma desfachatada y marital con que manejó la hacienda pública. Como hacienda o ranchito familiar.

Los favorecidos por la generosidad económica del sistema son, desde luego, Luis Echeverría, y de allí para acá, la viuda de José López Portillo, la argentina Sasha Montenegro que heredó la casa de la Colina del Perro; Paloma de la Madrid, viuda de Miguel; Carlos Salinas, quien se asegura que rechazó la pensión pero admite beneficios adjuntos; Ernesto Zedillo no quiere dinero en efectivo pero le gustan el resto de las prestaciones; Vicente Fox, dinero, ayudantes, vehículos, guardias personales, instalaciones y más; Felipe Calderón, donante a obra pía pero exige apoyo para hogar, oficina, fundación y campaña de su esposa.

Afirman el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que hay 54 millones de pensionados en México, con percepción mensual de mil 585 pesos porque se les otorgó 28.6 por ciento de su último salario. Lo mencionan en parangón con las pensiones presidenciales.

El cotidiano Reporte Índigo hace los siguientes señalamientos: este año La cifra para los ex mandatarios fue de mil 797 millones de pesos, superior a lo asignado para algunos órganos autónomos y programas sociales.

“Por ejemplo, el ramo para las pensiones de los que ocuparon la silla presidencial superó el gasto neto total para 2018 del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) por casi 700 millones de pesos, debido a que el Presupuesto de Egresos señala que a dicho instituto se le programaron mil 98 millones de pesos para sus funciones.

Algo similar ocurre con el gasto presupuestado para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mil 227 millones de pesos; es decir, un 68 por ciento del monto destinado a las compensaciones es superior a lo asignado para órganos autónomos y programas sociales”.

Pero además superó tres veces el gasto de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), y el dedicado a la atención de los indígenas rebasado nueve veces por las pensiones de los que llegaron, gobernaron y se enriquecieron.

Algo más para documentar nuestro escepticismo: de la fuente citada arriba, “el sexenio actual para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de Ejecutivo Federal o bien a sus beneficiarios, se les han entregado nada menos que 12 mil cien millones de pesos”.

Y para rematar: el apoyo no está considerado en ninguna norma legal y limita a 78 elementos castrenses para servicios generales y a sus órdenes directas. Cada presidente ha modificado lo anterior y hoy disfrutan de decenas o centenares de auxiliares que pagamos los mexicanos. ¿Usted qué opina, amigo lector?

carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com